Emergencia en la macrozona sur (I): un diagnóstico correcto

l Presidente Piñera anunció ayer que ha decidido hacer uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Constitución para decretar el estado de excepción de emergencia en cuatro provincias de las regiones del Bío-Bío y La Araucanía, en razón del grave quebrantamiento del orden público y del Estado de derecho que se vive en parte del sur del país.

Los numerosos ejemplos que dio el mandatario para graficar ese quiebre del orden y de la seguridad son, por un lado, un poderoso argumento para una vigorosa intervención del Estado en una situación que se ha prolongado por más de dos décadas, con una preocupante escalada de violencia en los últimos años. Por otro lado, esos mismos ejemplos son la tácita admisión del fracaso del Estado en ponerle coto a graves agresiones y atentados -incluyendo contra el propio Estado y sus funcionarios-, así como de su incapacidad para llevar ante la justicia a los responsables y para reparar a las víctimas.

Dicho esto, junto con detallar las razones para su anuncio, el Presidente puso un acertado énfasis en explicar que su decreto no está dirigido "contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos". Esto es clave para entender la medida en su perspectiva correcta: la necesidad de paz y orden público, no de fijar postura sobre supuestas reivindicaciones históricas de pueblos originarios. Reivindicaciones que, en caso de existir y de contar con legítimos voceros, sin duda nada tienen que ver -ni podrían defenderse- con los crímenes cometidos en esa zona, que incluyen robo, incendio, matanza de animales, destrucción de iglesias y escuelas, e incluso asesinatos, como dolorosamente vimos de nuevo hace muy poco en Carahue.

Así, las razones por las cuales se justifica que el Estado chileno confiera carácter de emergencia a la situación de quiebre del orden que se vive en una parte del sur fueron bien sintetizadas ayer por el Presidente. Sin embargo, de ello no se sigue que la herramienta escogida por su gobierno para enfrentar esa emergencia -el decreto de excepción- sea necesariamente la adecuada, lo que abordará nuestro editorial de mañana.